LECCIÓN 24: LA POLÍTICA REVOLUCIONARIA Y NACIONALISTA

De los caudillos al surgimiento del PNR

El caudillismo es un fenómeno característico de países con un poder debilitado, por eso es que al caudillo se le otorga una dosis de poder muy grande; he ahí lo peligroso del asunto, pues el individuo común se ve sumergido en una especie de esclavitud. Por eso es que el caudillismo apareció  en México y el resto de América Latina prácticamente al mismo tiempo: 1810 o poco después de sus procesos independentistas.

El caudillo reaparece en México con la Revolución de 1910 debido a ese debilitamiento de poder que generó la revuelta y la falta de determinación por parte de sus iniciadores. Fue por eso que resultó tan eficaz el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario en 1928 porque de esa manera se pasaba de un país que obedecía a los caudillos a un país regido por sus instituciones. Ciertamente, fue un avance, pero la historia política de dicho partido ha sido marcada también por el autoritarismo y la represión. En pocas palabras: cambio para seguir iguales.

La revolución mexicana tuvo varios caudillos, cada uno tenía su visión particular sobre los principales problemas de México y cómo combatirlos. El punto común de los diferentes caudillos era mejorar las condiciones de vida del pueblo, por lo menos eso buscaban al inicio de la lucha armada.

De los caudillos al surgimiento del PNR

La revolución mexicana tuvo varios caudillos, cada uno tenía su visión particular sobre los principales problemas de México y cómo combatirlos. El punto común de los diferentes caudillos era mejorar las condiciones de vida del pueblo, por lo menos eso buscaban al inicio de la lucha armada.

De los caudillos al surgimiento del PNR

Entre los principales caudillos tenemos:

Emiliano Zapata: uno de los principales dirigentes de las masas campesinas, su lucha principal fue recuperar la tierra para los campesinos para asegurar mejores condiciones de vida para este sector vulnerable de la población.  Su grito de guerra fue “Tierra y Libertad”. Nunca buscó el poder y menos ser presidente de México, estaba en desacuerdo con Venustiano Carranza a quien veía como un aprovechado de la lucha armada que sólo buscaba el poder personal.

Carranza planea una traición y asesinan a Zapato en Chinameca, en 1919. Con su muerte se pierde al principal defensor de la reforma agraria.

Guerra Cristera

La Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, fue un conflicto armado de México que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir la participación de la Iglesia católica sobre los bienes de la nación así como en procedimientos civiles.

La Constitución mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250 mil,⁵ entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y del Ejército Mexicano.

Con el ocaso de la "conciliación" porfirista en la primera década del siglo XX emergieron nuevamente tendencias anticlericales, que se expresaron durante la Revolución en actos de violencia y una legislación restrictiva, fijada en la Constitución de 1917.⁹ Después de un período relativamente apacible durante los gobiernos de Carranza y Obregón, la presión anticlerical se intensificó con la elección de Plutarco Elías Calles a la presidencia. En 1925, con apoyo de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) se creó la Iglesia católica apostólica mexicana, dotándola de edificios, recursos y medios para romper con el Vaticano.

Hay que mencionar que la Ley Calles es una modificación al Código Penal¹¹ en 1926 por el Presidente Plutarco Elías Calles, para limitar las manifestaciones religiosas con el fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles que la Constitución de 1917 estableció en el Artículo 130¹² como parte del modelo de sujeción de las Iglesias al Estado. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a que los ministros de culto fueran personas casadas¹³ y se prohibía la existencia de comunidades religiosas, además de limitar el culto religioso únicamente a las iglesias, así como prohibir el uso de hábitos fuera de los recintos religiosos.

La ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los "ministros del culto". Tal fue el caso de los gobernadores más radicales, como Tomás Garrido Canabal del estado de Tabasco quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaban a los "ministros del culto" a ser personas con estado civil de casados para poder oficiar, mientras que en estados como Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia católica a operar con un número mínimo de presbíteros, mientras que en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros.

Confrontada con esta situación, la Iglesia intentó reunir dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia católica en México se radicalizaran.

Organizaciones sindicales y campesinas

Desde los gobiernos de Carranza y Obregon se comprendió la importancia de tener alianzas con los diferentes sectores como el obrero y el campesino, Carranza ordeno la Casa del Obrero Mundial. Al fundarse el PRM, se organizo en cuatro sectores: obrero, campesino, militar y popular.Unas de las organizaciones fueron:

• Confederación Nacional Campesina (CNC).

• Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

• Confederación de Trabajadores de México (CTM) 

Al año 1973 la organización sindical tenía 313.700 afiliados, en 1990 llegó a 46.466 y en el año 2000 esa cifra bajó a 36.079 afiliados. Como se puede apreciar, la organización sindical muestra un retroceso con respecto a 1990 y una involución significativa, si se le compara con el desarrollo que había alcanzado en 1973. 
Para ubicar mejor el alcance de estas cifras que se comparan, habría que señalar que los 313.700 afiliados del año 1973, correspondían a sindicatos comunales con capacidad de negociación mientras que los 36.079 que existen en la actualidad, se caracterizan: 
* Por constituir mayoritariamente sindicatos independientes, que no pueden negociar, como lo pueden hacer los sindicatos de empresa. 
* Por tener mayoritariamente el carácter de sindicatos vigentes en receso, en lugar de vigentes activos. 
* Por encontrarse ubicados en la Región Metropolitana, lo que refleja la carencia de recursos para impulsar la actividad sindical, y no el carácter estratégico de esta zona para el desarrollo del sindicalismo rural. 
Con referencia a las organizaciones económicas. Las cooperativas campesinas que en 1973 llegaban a 308 cooperativas con 75.000 socios, en 1990 se registraban 116 cooperativas con 11.947 campesinos afiliados y el año 2000 había 94 cooperativas con 10.684 afiliados. Por lo tanto, las cooperativas campesinas, efectivamente se han debilitado. 
Las Asociaciones Gremiales que se crearon entre 1973 y 1990 afiliaban a 25.765 campesinos y en el año 2000 había 29.375 campesinos afiliados a este tipo de organización. Si se compara la situación actual, incluyendo las nuevas organizaciones que agrupan a pequeños agricultores, y se la compara con la realidad existente a comienzos de los años 70, también se puede observar una fuerte involución. 
INDAP ha promovido en los últimos años Empresas Asociativas Campesinas que generalmente se trata de pequeñas organizaciones destinadas a la producción y/o comercialización. Estas incluyen a 13.464 campesinos afiliados 
Mientras la situación que muestran las Asociaciones Gremiales hasta el año 1990 reflejan el esfuerzo de organización que realizaron ONG vinculadas al desarrollo rural, su leve crecimiento al año 2000 refleja el apoyo que estas organizaciones recibieron de parte de organismos gubernamentales. 
Por su parte las Empresas Asociativas Campesinas, constituyen el nuevo modelo que sistemáticamente impulsó el Gobierno de la Concertación desde mediados de los años 90 en adelante. Desde el punto de vista de la organización campesina, se puede concluir que el resultado es magro, si se le compara con los esfuerzos y recursos comprometidos. 
Las organizaciones de mujeres (aproximadamente 2.636 afiliadas) constituyen una novedad dentro del movimiento campesino chileno por el doble hecho de contar con una nueva organización representativa del género y por contar con una institucionalidad estatal para vincularse con las políticas y programas del Gobierno (SERNAM). 

La sociedad civil, también conocida como “tercer sector”, abarca a las organizaciones que sin tener fines de lucro y con la debida autonomía del mercado y del Estado, son representativas de sectores sociales, de espacios regionales, organizaciones profesionales, organismos no gubernamentales, fundaciones, corporaciones, partidos políticos, iglesias, etc. 
Estos componentes de la sociedad civil, pueden facilitar la profundización de la democracia y la integración social a través de posibilitar la participación social, las redes de solidaridad y el desarrollo local. Lo anterior, genera condiciones de gobernabilidad y crea posibilidades para la resolución de conflictos. 

Reforma agraria

Reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados, la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías o a la especulación con los precios de la tierra que impide o desestima su uso productivo.En los sesenta se concretaron importantes cambios agrarios impulsados por diversas causas.

Las formas de cambiar la tenencia de la tierra son por medio de la expropiación de la tierra sin indemnización o mediante algún mecanismo de compensación a los antiguos propietarios. Generalmente los resultados sociales son la creación de una clase de pequeños y medianos agricultores que desplazan la hegemonía de los latifundistas.

La reforma agraria es una de las aspiraciones de la revolución de comienzos de siglo. En 1910 los grandes propietarios terratenientes constituían una oligarquía que dominaba el país. La revolución de Emiliano Zapata terminó con esta situación, ya que accedió al poder con la consigna del reparto de la tierra. No hay que olvidar que Zapata venía de regiones agrícolas donde el problema de la tierra era secular. La reforma agraria zapatista es política, la primera reforma agraria política del mundo. Desde entonces el PRI (Partido Revolucionario Institucional) ha estado en el poder hasta el año 2000. Esta reforma consistió, básicamente, en declarar comunitaria toda la tierra de cultivo y repartirla en ejidos. El ejido es una forma especial de tenencia de tierra. La tierra puede considerarse comunal, pero la explotación es privada. Los núcleos de población tienen derecho a: que se les restituya la tierra de la que fueron desposeídos antes de la revolución, que se les dote de tierra suficiente para cubrir sus necesidades, y que se les amplíe la tierra. En esto entra también el agua, tan importante en un país mayoritariamente seco. Las tierras son entregadas a campesinos que las trabajen directamente, y que no tengan capitales invertidos en otras actividades. Al ser comunales no pueden hipotecarse. También se ponen los medios de explotación para cultivar el ejido. El Estado hizo un gran esfuerzo para dotar a las explotaciones de regadío, y todo lo necesario para poner a producir la tierra. Pero este sistema sólo funciona cuando la agricultura es de subsistencia.

El Cardenismo

El gobierno del Gral. Cárdenas representa políticamente la conclusión del proceso de institucionalización iniciado en marzo de 1929 con la creación del PNR, al darle a la presidencia la autoridad y autonomía que caracterizan a todo sistema presidencialista. Esta tarea no fue fácil, ya que hubo que enfrentar y vencer al Gral. Plutarco Elías Calles quien se había convertido en el jefe máximo de la revolución. Los factores principales que hicieron posible el triunfo de Cárdenas fueron:

a) La postura conservadora asumida por Calles ante las demandas populares que lo alejó de las organizaciones de trabajadores, uno de los pilares en que descansaba la fuerza del jefe máximo. Ante esta situación la labor agrarista y el contacto constante de Cárdenas con los trabajadores michoacanos, cuando ocupó la gubernatura de aquel estado, alcanzaba un notable contraste que le valió el apoyo popular.
b) La prudencia con que Cárdenas manejó el conflicto religioso ( segunda cristeada), una herencia del callismo que tenía sus orígenes en la reforma al artículo 3º constitucional decrertada en diciembre de 1933. Lo cual evitó una nueva confrontación entre la Iglesia y el Estado, que lo hubiera obligado seguramente, a buscar el apoyo del Gral. Calles propiciando la continuación del maximato.
c) El fortalecimiento del presidente Cárdenas durante la crisis de junio de 1935, al recibir su gobierno el apoyo de múltiples organizaciones de trabajadores, dispuestos a combatir a Calles y a los grupos fascistas organizados por conocidos callistas, como el Gral. Nicolás Rodríguez organizador de los camisas doradas y Tomás Garrido Canabal creador de los camisas rojas.  
e) La reorganización del gabinete presidencial expulsando a los callistas y colocando en su lugar a reconocidos cardenistas. 
El conflicto entre el presidente Cárdenas y el jefe máximo de la revolución concluye de manera definitiva el 10 de abril de 1936 con la expulsión de Calles, y connotados callistas como: Luis L. León, ex Ministro de Gobernación; Luis N. Morones, ex Ministro del Trabajo y Melchor Ortega ex Gobernador de Guanajuato. Conseguida la autonomía presidencial y contando con el respaldo popular, Cárdenas daría inicio a un amplio programa de reformas sociales.
La política social del cardenismo se manifestó claramente a través de sus acciones en materia obrerista, agrarista e indigenista. La movilización obrera estuvo encaminada a promover las huelgas que en un principio sirvieron a Cárdenas para triunfar sobre Calles, y después para dar forma al Estado activo, participante y promotor del desarrollo económico nacional. El punto culminante de este proceso fue la organización de la CTM en 1936, constituyendo el frente único de trabajadores, uno de los sólidos pilares de la política cardenista. Cárdenas desplegó una intensa actividad obrerista durante los primeros cuatro años de su gobierno; hacia 1939, cuando su política de masas había rendido frutos, comenzó a disminuir la movilización con el fin de dirigir el fomento hacia el sector empresarial, cuya organización también fue promovida por el gobierno cardenista.
La política indigenista. Uno de los objetivos del indigenismo cardenista era lograr la incorporación  de los indígenas a la cultura y a la economía nacionales, pero a diferencia de programas anteriores, la nueva perspectiva planteaba la necesidad de proporcionarle al indio los elementos de la ciencia y de la técnica para que enriqueciera los recursos que su medio le proporcionaba, sin desarraigarlo de su medio, pero sobre todo en un marco de respeto a sus costumbres y tradiciones. Tal empresa no era cosa fácil ya que el México indígena no era una entidad unificada, sino una multitud de comunidades rurales disgregadas y separadas entre sí por la geografía, por los dialectos y por las distintas costumbres. Estas condiciones de aislamiento físico y cultural constituían un serio impedimento para lograr su incorporación a la Nación, además se tenía que luchar contra el analfabetismo, el alcoholismo y las enfermedades, males endémicos causados por siglos de marginación. Sin embargo, Cárdenas tenía la certeza de lograr una gradual incorporación pues tenía la firme convicción de que los indios sí estaban interesados en su mejoramiento, y la apatía que parecía ser una característica de esta raza, sólo era producto de la desconfianza, que nace y se nutre a través de siglos de olvido y marginación.

El presidencialismo

Se denomina república presidencialista o sistema presidencial a aquella forma de gobierno en la que, una vez constituida una República, la Constitución establece una división de poderes entre el poder Ejecutivo, el poder Legistativo, poder Judicial, y el Jefe de Estado, además de ostentar la representación formal del país, es también parte activa del poder ejecutivo, como Jefe de Gobierno, ejerciendo así una doble función, porque le corresponden facultades propias del Gobierno, siendo elegido de forma directa por los votantes y no por el Congreso o Parlamento.

El presidente es el órgano que ostenta el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo lo suele concentrar el congreso, sin perjuicio de las facultades que en materia legislativa posee el presidente.

El concepto de separación de poderes fue consagrado en la Constitución de los Estados Unidos de América, de 1787, con la creación del cargo de Presidente de los Estados Unidos y, a la vez, del Congreso de los Estados Unidos, sistema donde el presidente era el jefe de Estado, y no fue elegido por el Congreso. Curiosamente, Inglaterra y Escocia fueron los primeros países en adoptar el parlamentarismo (desde 1707 como el Reino de Gran Bretaña, y desde 1801 como el Reino Unido) en el cual las facultades del ejecutivo –el monarca– se redujeron a un papel ceremonial, y a la vez una nueva autoridad ejecutiva, responsable ante el parlamento, se fue desarrollando –el Primer Ministro–, mientras las atribuciones del ejecutivo separado de los Estados Unidos fueron aumentando, por ejemplo, el presidente designa a la mayoría de funcionarios públicos (entre ellos los miembros del gabinete, aunque estos deben ser ratificados por el Senado).

Los proyectos educativos

Tras la caída del régimen de Díaz, en la sucesiva lucha de fuerzas que tomaron el poder, poco se hizo en cuanto a políticas educativas. Tanto Madero como Huerta mantuvieron la estructura política, administrativa y organizacional del Estado, y por lo tanto, no impusieron un modelo de país. En ese trance, la educación quedo sin un rumbo fijo.

La Revolución Mexicana había heredado del porfiriato a un número extremadamente alto de analfabetas, resultado de las políticas educativas del gobierno de Díaz y de sus antecesores con respecto de la instrucción pública. Los gobiernos de la Revolución se encargaron de llevar a cabo campañas para educar a obreros y a campesinos como un medio para transformar la estructura social del país, promover el desarrollo nacional y formar una clase trabajadora que sirviera de sostén al proyecto modernizador mexicano, todo lo cual tomó años y un gran esfuerzo para ser hecho realidad.

La mayor parte de estas ideas tomaron cuerpo jurídico en el artículo tercero de la Constitución de 1917, el cual sufriría varias modificaciones para ajustar su contenido a la situación preponderante. Sin embargo, durante la administración de Carranza se consideró que la educación pública debía quedar a cargo de los municipios y se suprimió el Ministerio de Instrucción Pública. Esto generó más problemas de los que pretendía resolver. Al hacer la labor educativa una labor municipal, se pretendía que el poder que daba educación estuviera más cercano al fenómeno, al educando. Sin embargo, el que esto funcionara requería de una movilización de recursos que los municipios no tenían, y esto hizo insostenibles las escuelas, y por ello, se tuvieron que cerrar muchas de ellas.

Una de las más importantes acciones que se llevó a cabo para reorganizar la educación en México fue la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el régimen de Álvaro Obregón (qué había sido suprimida en el gobierno de Carranza). Su principal promotor fue José Vasconcelos (que antes había trabajado en la Universidad Nacional de México), quien se convirtió en su primer Secretario, la concibió como una forma de federalizar la educación, incorporándola al proyecto nacional obregonista de modernidad y estabilización. Vasconcelos imprimió a las campañas educativas un carácter de cruzada nacional, con grandes movilizaciones de masas y un gran presupuesto para impulsar la alfabetización. Su plan de trabajo se conoció como el “Plan de Once Años” que se refería a conducir en el proceso educativo al educando desde la primaria hasta la educación que hoy llamaríamos media-superior. Pero pese a que, como veremos, este plan no se llevó a cabo como fue planeado, sí dejó sentadas las bases para que la estructura educativa que hoy se tiene en el país fuera dándose así.